Acceso a la Información Pública:

…un Derecho de todas y todos
En mayo de 2004, fue promulgada la “Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública-LOTAIP”; que garantiza no solo el derecho a las ciudadanas y ciudadanos a exigir información, sino a la obligatoriedad que tienen las instituciones públicas, empresas privadas que manejan fondos públicos y ONG’s que se encargan de la provisión o administración de bienes o servicios públicos a transparentar la información en sus páginas Web, así como presentar un informe físico de transparencia a la Defensoría del Pueblo, entidad que tiene como primera responsabilidad controlar el cumplimiento de esta ley.
Han transcurrido cerca de 9 años de promulgada la LOTAIP y los resultados son desalentadores, al parecer la falta de conocimiento por parte de las y los ciudadanos para exigir información de su interés, y la falta de financiamiento de algunas entidades obligadas a transparentar la información, son las causas principales para la falta de cumplimiento.
De alrededor de 4.990 entidades del sector público que tiene registrado la Defensoría del Pueblo, 4.209, es decir, el 84%, no presentaron hasta junio de 2012 el informe de 2011 y apenas el 15,6% o sea 781 entidades cumplieron con lo dispuesto en la Ley, transparentar la información pública.
Viviana Cobos de la Defensoría del Pueblo, señala que “el desconocimiento y en algunos casos la falta de financiamiento son causas para el incumplimiento de la Ley, por ello están trabajando en la promoción y publicidad de esta obligación, así como en exhortar a la ciudadanía a que participe y demande este derecho de acceder a la información pública de las instituciones”.
Apoderarse del derecho al acceso a la información pública, permitirá a la sociedad civil demandar el cumplimiento de la gestión, apoyar la lucha contra la corrupción, controlar el buen manejo de los fondos públicos, ser partícipes y entes activos en la toma de decisiones, apoyar al fortalecimiento de la democracia; es decir que el control no solo está en manos de las entidades que conforman la Función de Control y Transparencia, como la Defensoría del Pueblo, Superintendencia de Compañías, de Telecomunicaciones, Contraloría General del Estado entre otras, sino también en manos de las y los ciudadanos.
Leonardo Ordóñez, Coordinador Nacional de Transparencia de la Defensoría del Pueblo, señala que para la recepción y verificación de los informes se ha dividido a las entidades por funciones del Estado: Legislativa, Ejecutiva, Judicial, Electoral y Transparencia; y, los informes físicos son contrastados con las publicaciones de las páginas web.
Los responsables ante la ley del cumplimiento son: El titular de la entidad; el que tiene la información en sus manos; y, el funcionario que atiende y que recibe la petición de información.
Los informes deben ser presentados hasta el último día del mes de marzo de cada año, sin embargo la DPE extendió el plazo hasta junio para que las instituciones obligadas a cumplir con el informe de transparencia y atención de los pedidos de acceso a la misma realizados por ciudadanos, medios de comunicación y cualquier persona natural o jurídica que goce de ese derecho constitucional cumplan, pero no se ha logrado, aún falta mucho por hacer.